Culiacán, Sin., 27 de octubre de 2026
Sinaloa está perdiendo empleos, empresas y oportunidades de desarrollo a una velocidad alarmante.
Miles de familias enfrentan una realidad cada vez más difícil, mientras quienes tienen la responsabilidad de conducir la economía estatal siguen sin ofrecer respuestas a la altura de esta crisis.
Los datos oficiales son contundentes. Ningún sector de nuestra economía escapa al deterioro y lo más preocupante es que no vemos una estrategia gubernamental capaz de detenerlo.
En el campo, orgullo histórico de nuestra tierra, la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca perdieron 7 mil puestos de trabajo entre junio de 2024 y junio de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
Nuestros productores enfrentan incertidumbre, falta de apoyos y condiciones cada vez más difíciles para sostener sus actividades. Y el daño se extiende a toda la cadena económica que depende de ellos.
La industria y la construcción tampoco encuentran condiciones para crecer. En el sector secundario se perdieron 21 mil empleos.
La inversión se retrae, las obras disminuyen y muchas empresas enfrentan enormes dificultades para mantenerse operando.
Pero el golpe más severo lo reciben el comercio y los servicios, donde desaparecieron 35 mil puestos de trabajo.
Aquí están miles de micro, pequeñas y medianas empresas, negocios familiares que sostienen buena parte del empleo de nuestro estado.
Detrás de cada cortina cerrada hay personas que perdieron su trabajo, familias que dejaron de recibir ingresos y empresarios que vieron desaparecer el patrimonio construido durante años.
Estamos perdiendo mucho más que empleos. Estamos comprometiendo el futuro económico de Sinaloa.
Y frente a esta emergencia, ¿qué ha hecho el gobierno?
Reuniones, fotografías, declaraciones y una interminable pasarela de funcionarios que escuchan las mismas quejas, prometen soluciones y regresan a sus oficinas mientras los problemas siguen creciendo.
Hemos visto demasiadas mesas de trabajo, muchas galletas y fotografías sonrientes, pero muy pocos resultados que lleguen al bolsillo de los sinaloenses.
Ya basta de confundir la atención de una crisis con la administración de reuniones.
Mientras tanto, nuestra gente está haciendo lo que puede para sobrevivir.
Diez mil sinaloenses más encontraron en el trabajo por cuenta propia una alternativa ante la falta de oportunidades.
Admiro profundamente esa capacidad de nuestra gente para salir adelante, pero tampoco podemos romantizar la necesidad.
Muchos trabajan sin prestaciones, sin seguridad social y sin ninguna certeza sobre sus ingresos.
Y todavía hay un problema más grave.
El número de personas que trabajan más de 35 horas semanales disminuyó en 79 mil, mientras que quienes laboran menos de 15 horas aumentaron en 17 mil.
Esto refleja una economía que tampoco está aprovechando adecuadamente su fuerza laboral.
A los cierres definitivos de empresas se suman negocios que reducen horarios, recortan personal o disminuyen operaciones para evitar desaparecer.
Incluso los grandes establecimientos, aquellos que emplean a más de 250 personas, registran una disminución de 30 mil personas ocupadas.
¿Hasta dónde vamos a permitir que siga avanzando este deterioro?
La capacidad de resistencia de nuestros empresarios y trabajadores ha evitado consecuencias todavía mayores. Pero esa resistencia tiene límites.
El gobierno no puede seguir descansando sobre el sacrificio de quienes sostienen nuestra economía.
Por eso insisto en algo que he señalado reiteradamente: necesitamos políticas públicas diseñadas desde la realidad de las empresas.
Una empresa que perdió la mitad de sus ventas necesita respuestas diferentes a las de otra que cerró completamente.
Un productor que enfrenta dificultades para comercializar requiere soluciones distintas a las de un comerciante que necesita financiamiento para conservar sus empleos.
Actualmente ocurre exactamente lo contrario. Son las empresas las que tienen que adaptarse a los pequeños e insuficientes programas gubernamentales.
El gobierno debería estar diseñando soluciones específicas para cada condición de afectación.
Y precisamente para corregir esa situación, desde hace un año presentamos ante este Congreso la Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial del Estado de Sinaloa.
Una iniciativa que construimos para atender las consecuencias económicas de fenómenos naturales y de la violencia que tanto daño ha causado a nuestro estado.
La propuesta contempla declarar Zonas de Recuperación Económica donde se acrediten afectaciones graves a las actividades productivas.
Esto permitiría identificar territorios y empresas afectadas, realizar diagnósticos técnicos y poner en marcha programas específicos de recuperación, con responsables y plazos definidos.
También establece un Fondo de Resiliencia Económica, con una asignación anual en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Recursos destinados a respaldar acciones de recuperación y que tendrían reglas de transparencia, seguimiento y rendición de cuentas.
La iniciativa contempla estímulos fiscales diferenciados para las empresas que permanecieron abiertas durante la crisis, para aquellas que buscan reactivar sus operaciones y para las nuevas inversiones que contribuyan a recuperar empleos.
Propone además Mesas de Reactivación Económica con participación de empresarios, productores, municipios y autoridades estatales, encargadas de coordinar soluciones directamente en las zonas afectadas.
Y algo fundamental: obliga a establecer indicadores y evaluar resultados. Que sepamos cuánto se invirtió, a quién se apoyó, cuántas empresas se recuperaron y qué empleos pudieron preservarse.
Estamos proponiendo pasar de los apoyos discrecionales a mecanismos institucionales; de la improvisación a una respuesta organizada y con recursos.
Compañeras y compañeros:
Esta iniciativa lleva un año esperando. Durante ese tiempo, las dificultades de nuestra economía no han desaparecido.
Tenemos frente a nosotros una propuesta concreta, construida para proteger a quienes generan empleo y dar herramientas de recuperación a los sectores afectados.
Estoy convencida de que podemos enriquecerla mediante el trabajo legislativo, escuchar a los sectores productivos y construir los acuerdos necesarios para aprobarla.
Pero necesitamos voluntad política y sentido de urgencia.
Sinaloa tiene empresarios que quieren invertir, productores que quieren trabajar y familias que solamente piden una oportunidad para salir adelante.
La resiliencia de nuestra gente merece algo más que el reconocimiento de sus gobernantes. Merece decisiones, presupuesto y resultados.
Aprobemos la Ley de Resiliencia Económica.
Démosle a Sinaloa instrumentos para recuperar lo que esta crisis le ha arrebatado.
Es cuanto
