Culiacán, Sin., 19 de octubre de 2026
Sinaloa vive una de las crisis más profundas de su historia. La violencia ha golpeado nuestra economía, destruido empleos, cerrado negocios y obligado a miles de familias a abandonar sus hogares.
Y frente a esta realidad, el Gobierno Federal nos presenta un proyecto de presupuesto para 2027 que está muy lejos de responder a la emergencia que padecemos.
La presidenta Claudia Sheinbaum propone para Sinaloa un incremento de apenas 0.3 por ciento en los recursos federalizados, mientras el promedio nacional de crecimiento para las entidades federativas sería de 4.6 por ciento.
¡Tres décimas de incremento para un estado que lleva más de dos años sufriendo las consecuencias de una crisis extraordinaria!
¿Con qué criterio se distribuyen los recursos? ¿Por qué Sinaloa recibe un tratamiento tan desigual? ¿Dónde quedó la solidaridad del Gobierno Federal con las familias sinaloenses?
No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo justicia presupuestal para un estado que ha contribuido enormemente al desarrollo económico de México y a la alimentación de millones de mexicanos.
Por eso subo a esta tribuna. Porque todavía estamos a tiempo de corregir esta injusticia, mientras se discute el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.
Y porque sería una irresponsabilidad guardar silencio ante una decisión que puede profundizar las dificultades que enfrentan nuestra gente, nuestros productores, trabajadores y comerciantes.
Compañeras y compañeros:
La economía sinaloense está dando señales de alarma que ningún gobierno responsable debería ignorar.
Durante el primer trimestre de 2026 registramos una contracción económica del 4.5 por ciento respecto al trimestre anterior, la caída más pronunciada entre las entidades del país.
Pero hay un dato todavía más preocupante.
Las actividades primarias, aquellas que sostienen nuestra vocación productiva y de las que dependen miles de familias del campo y la pesca, registraron una caída anual del 16.6 por ciento.
Estamos hablando del campo sinaloense. Del esfuerzo de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, que durante generaciones han contribuido a garantizar la seguridad alimentaria de México.
Hoy muchos producen con enormes dificultades, enfrentan costos crecientes, incertidumbre en la comercialización y una violencia que también ha alcanzado sus actividades.
¿Y qué respuesta encuentran en el presupuesto federal?
Un tratamiento que no corresponde a la importancia de nuestra producción ni a la dimensión de nuestras necesidades.
¡Sinaloa no puede seguir sosteniendo buena parte de la alimentación del país mientras el Gobierno Federal le da la espalda a sus productores!
Pero el deterioro económico va mucho más allá del campo.
En los últimos 24 meses hemos perdido cerca de 23 mil empleos formales y alrededor de cinco mil patrones han dejado de estar registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Esa cifra solo se explica por los comercios que cerraron, las empresas que dejaron de operar y los trabajadores que perdieron el ingreso con el que sostenían a sus familias.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan una de las principales fuentes de empleo en nuestro estado, han sido especialmente golpeadas.
Sus propietarios enfrentan ventas insuficientes, gastos que no desaparecen y una inseguridad que les impide desarrollar normalmente sus actividades.
Muchos resistieron durante meses. Utilizaron sus ahorros, contrajeron deudas e hicieron esfuerzos extraordinarios para conservar a sus trabajadores.
Pero no todos pudieron sobrevivir.
Hoy nuestro empleo formal ha retrocedido a niveles de 2021. La informalidad se convierte en alternativa para quienes ya no encuentran oportunidades y el ingreso de las familias pierde capacidad para satisfacer sus necesidades.
El deterioro alcanza también nuestra calidad de vida. Los indicadores económicos muestran un retroceso que nos coloca en condiciones semejantes a las que teníamos hace más de una década.
Mientras tanto, alrededor de 84 mil sinaloenses han emigrado en busca de mejores oportunidades.
¡Qué doloroso resulta que nuestra gente tenga que buscar fuera de Sinaloa las oportunidades que su propia tierra debería ofrecerle!
Y a toda esta crisis económica debemos agregar el enorme costo de la inseguridad.
Los homicidios, las desapariciones, los robos y el despojo violento de vehículos han transformado profundamente nuestra vida cotidiana.
Más de 12 mil vehículos han sido robados mediante hechos de violencia. Para muchos trabajadores y pequeños empresarios, perder su automóvil significa también perder su herramienta de trabajo.
La violencia ha cambiado horarios comerciales, reducido la actividad de nuestras ciudades y debilitado la confianza indispensable para invertir y generar empleos.
Esta es la realidad que debería estar presente en cada decisión presupuestal del Gobierno Federal.
Pero tampoco podemos eximir de responsabilidad al Gobierno del Estado.
Para 2026, Sinaloa contó con un presupuesto superior a 78 mil 344 millones de pesos.
Sin embargo, el programa Sinaloa Late Fuerte, destinado a respaldar actividades económicas afectadas, dispuso de apenas 62.5 millones de pesos.
Menos del 0.1 por ciento del presupuesto estatal.
¿De verdad alguien considera que esa cantidad corresponde a la dimensión de la tragedia económica que enfrentamos?
¡No podemos enfrentar una crisis extraordinaria con apoyos simbólicos y respuestas presupuestales ordinarias!
La gobernadora tiene la obligación de defender los recursos que necesita Sinaloa, gestionar apoyos extraordinarios y exigir un tratamiento justo ante la Federación.
Su responsabilidad es representar los intereses de los sinaloenses, no justificar las decisiones presupuestales de su partido.
Por eso, desde esta tribuna planteo que el Congreso del Estado exija a la Cámara de Diputados incorporar un Programa Especial de Emergencia y Reactivación Económica para Sinaloa en el Presupuesto Federal 2027.
Un programa con recursos etiquetados, objetivos verificables y cuatro prioridades fundamentales.
Primero. Un Fondo de Salvaguarda del Empleo que permita apoyar directamente a las micro y pequeñas empresas mediante financiamiento accesible, estímulos y mecanismos para conservar y recuperar puestos de trabajo.
Segundo. Apoyos extraordinarios para el campo y la pesca, con instrumentos de comercialización, financiamiento, coberturas y respaldo a nuestros productores.
Tercero. Recursos adicionales para fortalecer la seguridad pública, particularmente las capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia de nuestras corporaciones estatales y municipales.
Cuarto. Un mecanismo de fiscalización ciudadana que garantice transparencia, seguimiento público y rendición de cuentas sobre cada peso destinado a la recuperación económica.
No estamos proponiendo entregar recursos sin control. Exigimos inversión pública eficaz, transparente y orientada a resultados concretos.
También corresponde a las diputadas y diputados federales por Sinaloa demostrar a quién representan.
La defensa de nuestro estado debe estar por encima de cualquier disciplina partidista.
Les exigimos intervenir en la discusión presupuestal, presentar las modificaciones necesarias y conseguir recursos que respondan a nuestras necesidades.
A la presidenta Claudia Sheinbaum le decimos con absoluta claridad: Sinaloa necesita mucho más que discursos de solidaridad.
Necesita recursos, inversión, seguridad y oportunidades para recuperar su economía.
Y a la gobernadora le exigimos que asuma su responsabilidad y defienda a nuestro estado con la firmeza que esta emergencia demanda.
Compañeras y compañeros:
Todavía existe la oportunidad de corregir el proyecto federal.
Este Congreso debe pronunciarse y actuar. El silencio frente a una distribución presupuestal injusta también tiene consecuencias.
Sinaloa ha aportado mucho a México. Hoy necesita que México responda a Sinaloa.
¡No pedimos favores al poder. Exigimos los recursos y las decisiones que nuestro pueblo necesita para recuperar su seguridad, su economía y su futuro!
