Culiacán, Sinaloa. A 28 de abril de 2026. Diputadas y diputados de la 65 Legislatura dieron lectura este martes en Sesión Ordinaria a seis nuevas iniciativas, que propone diversas reformas y adiciones a distintas leyes de Sinaloa.
Las iniciativas leídas son las siguientes:
*Iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en materia de igualdad sustantiva y transversalidad de la perspectiva de género en políticas públicas, así como capacitación obligatoria de autoridades en género y derechos humanos.
Se propone facultar a las autoridades para aplicar acciones afirmativas, es decir, dar un impulso extra o trato preferencial temporal a grupos que históricamente han sido rezagados para que puedan alcanzar el mismo nivel de oportunidades que los demás.
Se establece explícitamente como un principio rector la igualdad sustantiva en la aplicación de la ley, buscando que las autoridades eliminen obstáculos estructurales que impiden un trato idéntico y el acceso real a las mismas oportunidades.
Asimismo, se propone reforzar los deberes de protección, ya que el Estado adquiere obligaciones específicas para proteger a niñas y adolescentes frente a la violencia, asegurando una vida libre de agresiones como parte esencial de la igualdad real.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PVEM que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, en materia de alfabetización digital y uso seguro de tecnologías en el sistema educativo, con enfoque en prevención de riesgos y formación de la comunidad escolar.
En el artículo 4 se incorpora el concepto “alfabetización digital”, y se define que este “implica el desarrollo de habilidades para buscar, analizar y usar información digital con pensamiento crítico, identificar y prevenir riesgos en línea, comprender los derechos digitales de niñas, niños y adolescentes, crear contenidos respetando la propiedad intelectual y los derechos humanos, reflexionar sobre el impacto de las tecnologías en distintos ámbitos, y participar de manera activa, segura y responsable en entornos digitales con base en valores como el respeto, la equidad y la legalidad”.
En el artículo 14, que establece los fines que persigue la educación pública, añade los siguientes:
-Promover el conocimiento, el uso responsable y ético de las tecnologías de la información y la comunicación desde edades tempranas, mediante la incorporación transversal de contenidos sobre alfabetización digital, ciudadanía digital, ciberseguridad, respeto a la privacidad, protección de datos personales, prevención del ciberacoso, derechos digitales y cultura de la denuncia en línea.
-Fortalecer la participación activa, segura e informada del alumnado en entornos digitales, fomentando competencias para el análisis crítico, la protección de su integridad y el respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos digitales de niñas, niños y adolescentes.
-Diseñar, implementar y evaluar estrategias pedagógicas y protocolos escolares para la prevención y atención de riesgos digitales, en coordinación con autoridades de protección de derechos, seguridad y justicia;
-Garantizar la formación continua del personal docente y administrativo en temas de tecnologías educativas, ciberprotección y cultura digital y derechos digitales, entre otros cambios.
*Iniciativa del diputado Eligio López Portillo, de Morena, que propone reformas y adiciones a la Ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa, en materia de garantizar atención gratuita en salud mental y un plan escolar para prevenir riesgos y promover el bienestar en niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 5, que establece las obligaciones para las instituciones, tanto públicas como privadas, que brindan atención a la salud mental, a las que se añade la de garantizar que el acceso y continuidad de la atención de salud mental y adicciones sea universal, igualitaria, equitativa y gratuita para niñas, niños y adolescentes, sin importar la situación de derechohabiencia de sus padres o tutores.
Al artículo 45, que establece las acciones que deben realizar las secretarías de Salud y de Educación Pública y Cultura, en coordinación con la Secretaría de Educación federal, se añade una más:
“Bajo el liderazgo del director, cada plantel educativo desarrollará un Plan de Salud Mental Escolar considerando el contexto local y cultural en el que se sitúa, además de la problemática de salud mental que presenten sus estudiantes”, entre otras modificaciones.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI que propone reformas y adiciones diversas al Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de endurecimiento de sanciones y nuevas conductas por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
En el artículo 240, relativo a las obligaciones de asistencia familiar, que contempla pena de prisión de tres meses a dos años y de noventa a ciento ochenta días multa y suspensión o privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido, quien incumpla sus obligaciones, se propone modificar las sanciones en el tenor siguiente “se le aplicará sanción de uno a siete años de prisión y de cuarenta y cinco a trescientos días multa”, además de “pago como reparación del daño, de las cantidades no ministradas oportunamente por el acusado, desde la fecha en que dejó de cumplir el deber de proporcionar los alimentos, hasta la sentencia condenatoria. Quedan comprendidos en esta disposición como sujetos pasivos el concubinario y la concubina. Cuando el imputado incurriese nuevamente en el mismo delito, la prisión será de cuatro a seis años. La pérdida de los derechos de familia solo se impondrá cuando se afecte de manera negativa a los acreedores alimentarios”.
También se propone adicionar el artículo 240 Bis, en el cual se establece que: El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar se perseguirá mediante querella de la parte agraviada, entre otras propuestas.
*Iniciativa de la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, que propone reformas y adiciones diversas al Código Familiar durante el embarazo, reconocimiento de derechos del concebido y restricciones a deudores alimentarios morosos.
Se propone reformar el artículo 206, en el que se establece la obligación de brindar alimento, vestido, habitación, sano esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, para esposa o concubina, y la propuesta es que:
“También se considera la obligación de proporcionar alimentos a la mujer o persona gestante respecto del progenitor, cuando se requiera apoyo económico para el desarrollo del embarazo o interrupción del mismo, aun cuando no se haya determinado jurídicamente el vínculo filial”.
Se propone reformar el artículo 216, para establecer también que:
“Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo, parto o interrupción del embarazo; estos comprenderán: atención médica prenatal y postnatal, psicológica, nutrición específica, exámenes diagnósticos, medicamentos, suplementos alimentarios, hospitalarios, gastos de parto o cesárea y todos aquellos para el bienestar del concebido”, entre otras propuestas.
*Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS y de las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, que propone adicionar la fracción XXI Bis al artículo 51 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en materia de programas educativos para garantizar la enseñanza de lenguas extranjeras.
Se propone adicionar la fracción XXI Bis al artículo 51, el cual establece diversas obligaciones para autoridades estatales y municipales para garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, y se propone adicionar la siguiente:
“Crear programas educativos que establezcan la obligatoriedad de enseñanza, aprendizaje y uso de los diversos idiomas extranjeros en la Educación Básica.
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