Hoy se nos pide votar una reforma electoral que pretende presentarse como modernización, cuando en realidad es una evasión. Se nos dice que viene a ordenar, a corregir, a mejorar. Pero cuando uno revisa su fondo, lo que encuentra no es una respuesta seria a los desafíos de nuestra democracia, sino una suma de ajustes superficiales que dejan intacto lo verdaderamente grave.
Y hay que decirlo con claridad: México sí tiene un problema electoral, pero no es el que aquí se quiere discutir.
El problema de fondo no está en el discurso que acompaña este dictamen. El problema real está en la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Está en la violencia política que amenaza candidaturas, intimida comunidades y condiciona resultados. Está en las regiones donde competir ya no significa convencer con ideas, sino arriesgar la vida. Y frente a esa realidad brutal, esta reforma calla. Guarda silencio donde debería ser firme. Es tibia donde tendría que ser valiente.
Por eso no podemos aceptar que se nos venda como transformación lo que apenas alcanza para simulación.
Porque una reforma electoral de verdad tendría que fortalecer la legalidad, blindar la equidad de la competencia, cerrar el paso al dinero ilícito y defender la libertad del voto. Tendría que mirar de frente la captura criminal de territorios completos. Tendría que reconocer que cuando el miedo entra a una elección, la democracia retrocede. Y nada de eso está aquí.
Lo que sí aparece, y eso debe preocuparnos profundamente, es una lógica de centralización que lastima al federalismo. Y el federalismo no es una concesión menor ni un arreglo administrativo cómodo. Es un principio constitucional que distribuye poder, reconoce la pluralidad del país y pone límites a la concentración. Cuando desde el centro se pretende uniformar la forma en que deben organizarse los gobiernos locales, no se fortalece la República: se debilita. No se coordina mejor: se subordina. Y esa es una línea que no debemos dejar pasar.
Pero además, esta reforma tiene un trasfondo político que tampoco podemos ignorar.
Lo que hoy se presenta como “Plan B” no deja de ser la evidencia de un fracaso mayor: el fracaso de haber querido empujar un rediseño electoral orientado a concentrar poder y a acercar al país, poco a poco, a la lógica de un solo partido dominante. Este dictamen no rompe con esa intención. La reduce, la disimula, la reacomoda, pero no la corrige de fondo.
Y eso, además, exhibe otra realidad: el inicio del resquebrajamiento interno del proyecto político que la impulsa. Porque cuando una reforma de esta naturaleza llega disminuida, recortada y atravesada por sus propios desacuerdos, lo que vemos no es fortaleza, sino fisura. No es cohesión, sino disputa. No es rumbo compartido, sino intereses que comienzan a chocar entre sí.
La pregunta entonces es inevitable: ¿para qué reformar, si no se toca lo que de verdad lastima a la democracia?
No se corrige la sobrerrepresentación. No se fortalecen mecanismos eficaces contra el financiamiento ilícito. No se atiende con seriedad la violencia que contamina las elecciones. Y si una reforma no amplía derechos, no genera confianza y no fortalece instituciones, entonces no está a la altura del país.
Por eso nuestro voto será en contra. No por sistema, no por consigna, sino por responsabilidad. Porque México necesita una reforma electoral seria, profunda y plural; una reforma que enfrente la realidad y no la maquille. La democracia no se defiende con atajos. Y el federalismo no se negocia.
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