• Endeudadas y a punto del colapso las familias y cooperativas pesqueras.
• Exigen regrese el subsidio del diésel y gasolina para el sector de la pesca.
Culiacán, Sinaloa, 17 de marzo de 2026.vMás de 22 mil familias de pescadores, 554 cooperativas pesqueras y habitantes de 72 campos pesqueros de Sinaloa, son víctimas de las políticas del gobierno federal morenista que canceló 23 programas de apoyo al sector pesquero, manifestó la diputada Paola Gárate y exigió la comparecencia de la secretaria de pesca ante el congreso del estado.
Expuso la legisladora la brecha de lo que pagan en impuestos el sector pesquero contra lo que reciben en el único programa que sobrevive a las malas decisiones del gobierno federal, el Bienpesca. Detalló que cada grupo de 20 pescadores paga a la tesorería federal 1 millón 434 mil 240 pesos anuales vía IEPS e IVA sobre combustible, mientras el programa Bienpesca les retorna apenas 160 mil pesos. «El gobierno les quita nueve veces más de lo que les da»,
La diputada Paola Gárate tomó la tribuna del Congreso para denunciar la crisis que atraviesa el sector pesquero sinaloense tras el cierre de la temporada de camarón. Con datos de campo, nombres de dirigentes cooperativistas y cifras financieras concretas, la legisladora trazó un diagnóstico que calificó como «el resultado de una decisión política deliberada de abandono».
Los pescadores cerraron una temporada que, en palabras de la diputada, «no se mide en estadísticas: se mide en más de 22 mil familias endeudadas, en cooperativas que venden sus terrenos para pagar al IMSS, en pescadores que salieron al mar y regresaron con las manos vacías».
La diputada detalló que en el sur del estado la apertura de temporada el 25 de septiembre resultó inoperante por ausencia de camarón con talla comercial.
La diputada denunció la eliminación de 23 programas federales de apoyo al sector pesquero, incluyendo el subsidio al combustible, y la cancelación de compromisos del gobierno estatal: plantas procesadoras de moluscos bivalvos sin construir, laboratorio prometido sin construir, y las 120 nuevas unidades de producción anunciadas, ninguna ejecutada. En Boca del Río, Guasave, cooperativas han comenzado a perder terrenos y equipos por embargos del IMSS. La cooperativa local vendió la mitad de un terreno para cubrir un adeudo y perdió un tanque de almacenamiento.
La diputada Gárate Valenzuela planteó al pleno del Congreso las siguientes demandas concretas: Que la CONAPESCA determine las fechas de inicio y cierre de temporada con las organizaciones pesqueras, no sobre ellas, que el esfuerzo pesquero se regule con criterio científico y con participación de quienes conocen el recurso.
De igual forma, dijo, se combata con efectividad la pesca furtiva y garanticen la seguridad pública en comunidades costeras, y de manera urgente, que se reactiven los 23 programas federales desaparecidos, priorizando el subsidio al combustible.
Solicitó Paola Gárate al titular de la CONAPESCA se reúna con las cooperativas para definir nuevos programas de apoyo y que la Secretaria de Pesca del Estado de Sinaloa comparezca ante este Congreso a informar sobre el presupuesto real que requiere para funcionar.
«La pesca de Sinaloa no puede morir por decreto de indolencia. La deuda no es con nosotros: es con 22 mil familias que salieron al mar a trabajar y merecen un gobierno que trabaje con ellas.» Finalizó la legisladora Paola Gárate.
Nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa
Ante los medios de comunicación, la legisladora Paola Gárate, señaló que el nombramiento del nuevo secretario de seguridad pública del estado, debe aprovecharse como una oportunidad para fortalecer a las instituciones locales de seguridad pública y la efectiva coordinación con las autoridades federales.
Señaló que es urgente iniciar el proceso institucional para formar policías de niveles estatales y municipales muy profesionales, bien pagados, capacitados y equipadas correctamente. Y agregó “hay una vía exitosa y probada en Estados como Durango y Coahuila: formar instituciones de seguridad pública con base en una carrera policial sólida”.
Una carrera policial sólida requiere exámenes de ingreso rigurosos en habilidades, ética y aptitud psicológica; evaluaciones periódicas con consecuencias reales; salarios que eliminen el terreno de la corrupción; ascenso por desempeño, no por lealtades. Se ha documentado que solo 18% de los responsables de seguridad estatal son policías de carrera.
En Sinaloa se ha abusado de la estrategia de nombrar a un militar que viene de fuera. Es una estrategia política que permite al gobernador o al alcalde transferir la responsabilidad del fracaso hacia instituciones de alta legitimidad como el Ejército y la Marina que gozan de aprobación de 84 y 86 por ciento respectivamente.
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