Culiacán, Sinaloa. A 12 de febrero de 2026. El Congreso del Estado de Sinaloa Declara Congreso formal y constitucionalmente incorporado Derecho Humano a la Ciudaddeclaró formal y constitucionalmente incorporada la reforma a la Constitución Política del Estado, el Decreto número 345 por el que se adiciona la fracción XV al artículo 4° Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia de Derecho Humano la Ciudad.
La Junta de Coordinación Política del Congreso, que preside la diputada Tere Guerra Ochoa, presentó el Acuerdo correspondiente para hacer la señalada declaratoria, en el que se da cuenta del cómputo de la votación emitida por los Ayuntamientos de Sinaloa, que es obligatoria ante toda reforma constitucional.
Como resultado del cómputo, se determina que se tiene por aprobada la reforma a la Constitución Estatal por quince Ayuntamientos, en los términos siguientes:
Los Ayuntamientos de Ahorne, El Fuerte, Choix, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, aprobaron dicha reforma dentro del plazo de Ley.
Los Ayuntamientos de Guasave, Juan José Ríos, Angostura, Salvador Alvarado, y Eldorado, si bien no han remitido su voto a la fecha, se tienen las aprobaciones suficientes consistentes en más de las dos terceras partes de los Ayuntamientos del Estado para emitir la declaratoria correspondiente, y en términos de las normas constitucionales y legales antes referidas, se computan como aprobatorios, para efectos de la presente declaratoria, no obstante de que en forma posterior pueden hacer llegar la documentación que acredite su aprobación correspondiente.
La JUCOPO recuerda que el 04 de marzo de 2025, Yeraldine Bonilla Valverde, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que propone adicionar la fracción XV al artículo 4° Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
La adición tiene como objeto establecer disposiciones para actualizar el marco jurídico en materia de Derecho a la Ciudad, entendiéndose a este como un derecho de las colectividades, con el cual se pretende lograr la igualdad, sustentabilidad, justicia social, participación democrática, respeto a la diversidad cultural y étnica y a sus usos y costumbres, la inclusión social, la distribución equitativa de bienes públicos y la justicia territorial.
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