
México cuenta hoy con la primera Ley General de Aguas, que reglamenta y desarrolla el derecho humano al agua de todas y todos los mexicanos. A partir de su publicación, a ninguna persona se le podrá suspender el suministro de agua potable y el servicio de saneamiento por falta de pago, sino que se le debe mantener siempre el mínimo vital.
Y una Ley de Aguas Nacionales que con su reforma establece un nuevo régimen de administración del agua que pasa de un modelo de libre mercado a uno de regulación estratégica, transparente y con certeza jurídica para los sectores productivos.


